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La soberanía popular

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LA SOBERANÍA POPULAR

 

     El objeto de esta segunda entrega, es concientizar a la ciudadanía sobre el derecho y la obligatoriedad que ella tiene de ejercer su soberanía cuando sus derechos constitucionales y las leyes de la República están siendo violados por un gobernante que se autodefine “pueblo” y en su sombre gobierna para hacer lo que le venga en gana, aún si de pactar con el diablo se trata (Fidel Castro,    etc.)

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     Fue Aristóteles, el insigne filosofo griego, el primero en pronunciarse sobre la teoría de que la SOBERANÍA o sea, el derecho pleno de decidir el destino de una comunidad, tendría que residir permanentemente en el pueblo y no, como sucedía en aquel entonces, en el gobernante; alegaba que, al ejercer la ciudadanía un control permanente sobre la actuación de éste, se evitaría que se convirtiera en un dictador cuando no, en un tirano, tal como sucedía con mucha frecuencia; tendría que privar el principio de que “El Estado y la sociedad existen para el individuo y no éste para aquellos” (palabras textuales del filósofo).

     La materialización de este concepto se tradujo en lo que es hoy en día el sistema democrático o sea, el gobierno del pueblo, donde éste último otorga un mandato por tiempo limitado, a una o a un grupo de personas, para que lo gobierne de acuerdo a determinadas condiciones contenidas en la que denominamos “Constitución”, un conjunto de normas de las que se derivan las leyes.- De no cumplir el gobernante con el dictamen constitucional y legislativo o de demostrar incapacidad para ejercer el mandato “el ciudadano tiene la potestad de derribarlo por la acción ordenada del pueblo” (entre comillas las palabras textuales del mismo Aristóteles).

     En definitiva el que se nombrara para ejercer el Poder Publico pasaría a ser de todopoderoso rey o soberano, a  simple servidor público.

     Sin embargo en la actualidad el concepto de soberanía ha perdido casi por completo su verdadero sentido, llegándose al extremo de que la gran mayoría del pueblo la considera como un simple derecho que nos faculta a elegir nuestros gobernantes a través del sufragio y eventualmente, luego de cumplir con una engorrosa y complicada normativa, intentar revocarles el mandato a mitad del período, por su parte los que ostentan el poder exceden casi siembre en sus atribuciones y en casos extremos como el de Fidel Castro o de nuestro Presidente, Hugo Chávez, llegan a identificarse con el mismo pueblo y en su nombre actúan para violar la Constitución y la ley.- Aún más grave se torna la realidad cubana y venezolana, cuando se constata que la ciudadanía, además de verse obligada a soportar los abusos y las arbitrariedades del régimen en las personas de sus respectivos Presidentes, no tiene posibilidad alguna de denunciarlas en cuanto todos los Órganos del Poder Público facultados para recibir y procesar las denuncias de eventuales violaciones a la Constitución y la ley (Congreso, Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia) están notoriamente confiscado por los mismo Jefes del Estado, quienes han logrado concentrar todo el poder público en sus manos.-

     Debido a estas circunstancias, millones de venezolanos, agobiados por la angustia y la impotencia de ver como se destruye un País, nuestro País, nos preguntamos si están dadas las condiciones para desconocer la legitimidad del mandato presidencial y la vigencia del Régimen que lideriza, mediante la aplicación de lo contemplado por el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece: “El pueblo de Venezuela fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.

      No dudamos un solo instante en contestar afirmativamente, en primer lugar porque al existir en la Administración Pública una confiscación absoluta de todos los Poderes por parte del Presidente de la República, el gobierno nacional ha perdido su legitimidad democrática y se ha convertido en un régimen de facto en cuanto está vulnerando el estado de derecho. (al respecto tenemos que señalar que ha habido declaraciones públicas de integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas Nacionales, manifestando su apoyo incondicional al Régimen y a Hugo Chávez); en segundo lugar porque no existe ninguna duda de que nos encontramos frente a un Régimen autocrático, de hecho, su consigna: “PATRIA, SOCIALISMO O MUERTE” que casi a diario repiten con mucho énfasis sea el Presidente de la República, que sus furibundos y violentos partidarios, es una prueba mas que elocuente de que no existe disposición alguna, por parte de Hugo Chávez, de entregar el poder por la via pacífica y democrática, lo que en la práctica equivale a una declaración pública de golpe de estado en cuanto se está negando a priori la alternabilidad democrática.- Otra prueba que le resta legitimidad al Régimen y que lo coloca inclusive al margen de la ley, es la manera irresponsable de cómo se administran los recursos Públicos o sea, los bienes de todos nosotros los venezolanos.- Cuantiosas dádivas otorgadas a otros países sin que la nación venezolana haya obtenido (u obtenga) beneficio alguno de las mismas y los no menos cuantiosos gastos internos originados por el aumento desmesurado del gasto Público, luego de que se pasara, innecesariamente y por puro capricho, de una economía de mercado a una de estado, ineficiente y corrupta, donde predominan los subsidios y las prebendas. Son estas las pruebas fehacientes e irrefutables de que el ciudadano Presidente de la República ha prescindido por completo de la asesoría del pueblo y considera a Venezuela como un feudo particular”, lo que le permite actuar como su amo y señor indiscutible.

     Frente a una realidad tan dramática, al pueblo excluido y engañado en sus aspiraciones, no le queda sino la opción de recuperar su derecho a participar directamente en el gobierno del País, de no hacerlo estaría favoreciendo la consolidación de una dictadura marxista similar a la que oprime al pueblo cubano desde hace más de medio siglo. De hecho, para Hugo Chávez , electo originariamente Presidente por un periodo de cinco años, ya van once y para seguir manteniéndose en el poder, sigue al pie de la letra los consejos y las sugerencias de un experto en la materia: FIDEL CASTRO, su entrañable y mas que incondicional amigo y maestro. A propósito de Fidel Castro, consideramos oportuno abrir un paréntesis para señalar que resulta sencillamente indignante y vergonzoso a la vez, ver como en las estaciones televisivas de algunos países, particularmente de aquellos donde gobiernan partidos de la izquierda democrática, se celebra casi, cada reaparición en público del decrépito y ya incoherente dictador cubano y al que presentan como si se tratara de un simpático y pacífico anciano y no como lo que es en realidad: un tirano cruel y despiadado que tiene sobre su conciencia una infinidad de crímenes de lesa humanidad. Al respecto surge espontánea una pregunta: ¿Si a Hitler, Mussolini, Pérez Jiménez y Pinochet, se les consideró (y con razón) como unos dictadores, porqué a Fidel Castro que ha tenido la habilidad y el descaro de mantenerse en el poder durante mas tiempo de lo que estuvieron mandando los anteriormente nombrados juntos, no se le considera como tal y de la misma manera se condena? Con esta pregunta que tiene una respuesta obvia, cerramos el paréntesis.

     A este punto surge el dilema de cómo un pueblo indefenso puede enfrentarse a la mas que segura reacción violenta de un hombre obsesionado por el poder y que ha hecho de éste su razón de vida, tanto más si consideramos que hasta las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) apoyan incondicionalmente al Régimen, en clara violación a lo establecido por el artículo 328 de la Constitución Nacional que contempla la apoliticidad de la Institución y la obligatoriedad de velar por la seguridad de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos cívicos.

     Por otro lado la Asamblea Nacional, reducida a un apéndice del Régimen, en sus diez años de ejercicio legislativo, no ha sido capaz (¡o no ha querido!) de establecer las normas para que la ciudadanía ejerciera “directamente” su soberanía cuando las circunstancias lo requieren.

     Lamentablemente no existe otra alternativa que la de enfrentar al Régimen apelando a nuestra condición de “SOBERANOS ORIGINARIOS E INDISCUTIBLES” y nombrar un “CONSEJO NACIONAL DE CIUDADANOS” que se encargue de establecer las normas para la convocatoria y sucesiva celebración de una ASAMBLEA NACIONAL DE CIUDADANOS en cuyo seno se decidirá democráticamente el destino del País.

     Hay que recurrir a este procedimiento extremo, luego de que el Consejo Nacional Electoral incumpliera con el mandato constitucional de darle participación a la ciudadanía para ejercer su soberanía (art. 294).-

     La misma Asamblea de Ciudadanos, prevista por el Artículo 70, podría ser el escenario propicio para proceder al enjuiciamiento del ciudadano Presidente de la República por el delito de malversación de Fondos Públicos, fondos que de haber sido utilizados adecuadamente, pudiesen haber enrumbado al País por la senda del progreso y de la prosperidad (estamos hablado de más de un billón de dólares únicamente por ingresos relacionados a la venta de hidrocarburos).-

     Entre las innumerables violaciones a la Constitución y la Ley cometidas por el ciudadano Presidente de la República, hemos escogido la malversación de fondos públicos por varias razones; en primer lugar debido a la enorme cantidad de recursos malversados ( cientos y cientos de millones de dólares en dinero y en bienes); en segundo lugar porque muchas de esas donaciones las hizo el Presidente públicamente y por lo tanto no se puede objetar la comisión del hecho (entre todas destaca el envío de cien ambulancias a uno de los países “socios de lo nuestro”: Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Honduras, entre otros, cuando aquí en nuestro País la gran mayoría de los centros de salud pública, adolece o sufre escasez de un medio de transporte indispensable para la prestación de un servicio público, destinado a los que menos recursos tienen); y en tercer lugar porque tenemos la posibilidad de referirnos a un caso precedente: El del ex Presidente de la República Carlos Andrés Pérez quien, casi al final de su segundo mandato, fue objeto de enjuiciamiento por el mismo delito y del que seria considerado culpable y por ello destituido del cargo y condenado a prisión. El enjuiciamiento fue posible gracias a que en aquel entonces existía en la Administración Pública venezolana, la independencia de los poderes, por ello no hubo ningún impedimento para que el poder legislativo (el Congreso) y el poder judicial (la Corte Suprema de Justicia) acogieran una denuncia del entonces diputado al Congreso José Vicente Rangel (casualmente uno de los “delfines” del régimen actual) para juzgar y condenar al Presidente de la República.

     En los actuales momento cuando ambos poderes se encuentran notoriamente confiscado por el Ejecutivo Nacional, nos toca a nosotros los ciudadanos hacerlo constituyéndonos, con las atribuciones que nos otorga la soberanía popular, en Autoridad Suprema y juzgar el despilfarro de cientos y cientos de millones de dólares, utilizando la Jurisprudencia del citado juicio.- Para comprobar la legitimidad de la acción que nos proponemos emprender como último recurso para salvar nuestra democracia, citaremos nuevamente los artículos 05 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:”La Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y la Ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos del Poder Publico.- “Los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ella están sujetos”. “Esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier medio distinto al previsto en ella, en tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”

     Para concluir, solo nos queda agregar: ¡manos a la obra! Teniendo muy en cuenta que nuestro destino depende del coraje y de la determinación que demostremos para lograr salir de la grave situación en que nos encontramos, una situación que bien podría, a breve plazo, convertirse en un trágico destino para los venezolanos de hoy y de mañana, si no somos capaces de recuperar nuestro derecho de participar en la toma de decisiones que atañen el futuro de Venezuela o sea, nuestra soberanía.

Patria, libertad y vida.

 

Pietro Garbati

Un ciudadano investido de su soberanía (art 333 y 05)

Dirigente fundador del MVR.

Candidato a la Asamblea Nacional año 2000.

Madrid, 20 de septiembre 2010.

 

PD. Con muchísimo pesar tenemos que reconocer que la gran mayoría del pueblo no está consciente de la gravedad de la situación socio-económica y política por la que estamos atravesando y que cada día mas se van reduciendo las posibilidades de restablecer en Venezuela el Estado de Derecho.- Por conveniencia cuando no por cobardía o simplemente por ignorancia, la gran mayoría del pueblo soporta con estoicismo y con resignación los abusos y las arbitrariedades de un gobernante que se ha propuesto alcanzar a toda costa una meta: Llevar al País a la ruina y a la ciudadanía a un estado de dependencia servil, siendo él, Hugo Chávez, el líder indiscutible de una revolución que cada día más toma viso de disolución. Un Jefe de Estado que miente descaradamente cuando afirma que quien gobierna es el pueblo, un pueblo que en la realidad está totalmente marginado de las descabelladas decisiones que con frecuencia toma y que han conducido a la colectividad a tener que soportar todo tipo de privaciones: Alto costo de la vida (en los últimos doce meses la inflación ha superado el 200%) las condiciones desastrosas de los servicios públicos y de la infraestructura vial, la inseguridad, el altísimo (inalcanzable) costo de las medicinas, en fin, lo que se evidencia en el País es la consolidación de una sociedad totalmente dependiente del estado-gobierno donde el pueblo, como mero espectador, va constatando como sus posibilidades de supervivencia resultan cada día mas difíciles y amenazador avanza el espectro de la indigencia y del hambre. Luego de esta amarga reflexión, exhortamos una vez más a nuestros conciudadanos, desde nuestra modesta condición de simple ciudadano aparentemente inerme y que sin embargo, al ser investido de la soberanía contemplada por los artículos 05 y 333 de la Constitución Nacional, se torna en Juez Supremo e inexorable, para condenar la actuación de un gobernante que se está burlando de un pueblo apático y confiado, al que exhortamos a dar “un paso al frente”, para rechazar un sistema de gobierno que contrasta abiertamente con la idiosincrasia venezolana que tiene su asidero en la tolerancia, la libertad, la alegría, la participación y la paz.-

Bailadores, 28 de Octubre de 2010

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Comentarios La soberanía popular

malo
maria maria 31/01/2014 a las 22:09

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